El 17 de mayo de 1954 la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó una sentencia histórica por la que se declararon ilegales las leyes estatales que establecían la separación de los estudiantes en las escuelas públicas en función de su raza, es el famoso caso Brown contra Consejo de Educación de Topeka. Dicho fallo señaló oportunamente que “instalaciones educativas separadas son inherentemente desiguales”. Aunque la Corte suprema hacía referencia a la existencia de escuelas diferenciadas para “blancos” y para “negros”, la idea que lo inspiró es igualmente válida hoy, más de 70 años después, y podemos generalizarla a cualquier forma de escolarización que implique la separación de los estudiantes en razón de determinadas características o condiciones.
Este fenómeno, la distribución desigual de los estudiantes en las escuelas en función de sus características personales o procedencia social y cultural, tomó el nombre de segregación escolar. Así, se refiere a la concentración de estudiantes de uno u otro grupo étnico-cultural en algunas escuelas, al agrupamiento de estudiantes inmigrantes extranjeros en determinados centros, a la distribución no uniforme de niños, niñas y adolescentes en escuelas atendiendo al nivel socioeconómico de sus familias, o a la concentración desigual de los estudiantes en función de su capacidad o rendimiento académico o a la escolarización según discapacidad en escuelas especiales. De esta forma podemos hablar de segregación escolar étnico-racial, de segregación escolar por nivel socioeconómico, de segregación escolar por origen de los estudiantes y de segregación por capacidades. Todas ellas son inherentemente desiguales e injustas.
Independientemente de la tipología, las consecuencias que provoca la segregación escolar están bien documentadas en la literatura: tiene un claro impacto negativo en el aprendizaje de los y las estudiantes más vulnerables, en sus expectativas y autoconcepto; debilita la formación ciudadana limitando las oportunidades que ofrece el sistema de una convivencia escolar basada en la valoración de la diversidad, y dificulta la eficacia de las políticas educativas que operan sobre la vulnerabilidad, pues la segregación agrega un efecto colectivo que promueve la exclusión en y desde la educación. En definitiva, la segregación escolar es un potente efecto generador de segregación social y, con ello de injusticia social.
Las causas de la segregación escolar hay que buscarlas en la segregación residencial, en las políticas de marketización de la educación estableciendo modelos de cuasi-mercado educativo, en la competencia entre escuelas, en mecanismos de selección y discriminación con que operan determinadas escuelas o en el fomento de la privatización de la educación. La inexistencia de políticas públicas educativas de fomento de la equidad a través de mecanismos de compensación de las desigualdades hace que irremediablemente la segregación aumente.
No podemos dejar de recordar las palabras del filósofo político John Rawls cuando nos decía “No es suficiente con que las instituciones básicas de la sociedad sean ordenadas y eficientes, es necesario que sean justas. Y si no lo son, deben ser "reformadas o abolidas" (Rawls, 1971, p.17). La existencia de altos niveles de segregación escolar es una nítida muestra de la necesidad de una reforma profunda de los sistemas educativos.
América Latina es la Región más inequitativa del mundo y, hasta donde tenemos evidencias (Murillo, 2016), también tiene los sistemas educativos más segregados del planeta. ¿Causa-consecuencia? Seguramente, pero solo eliminando la última podemos modificar la primera.
Sin embargo, la segregación escolar no es igual en todos los países de América Latina (Murillo, 2016). Centrándonos en la segregación socioeconómica, Panamá, México, Colombia, Perú, Honduras y Chile tienen sistemas educativos hipersegregados, mientras que los índices de segregación de Uruguay, República Dominicana o Costa Rica pueden considerarse como medio-altos. En todo caso, todos ellos significativamente superiores a los que se dan en Europa. Solo como curiosidad, y sin atrevernos a establecer relaciones de causa-efecto, es posible afirmar que cuantos más estudiantes están matriculados en escuelas privadas en un país latinoamericano, más segregación hay. Lo que queda claro es que estas diferencias muestran que la segregación escolar es producto de determinadas políticas educativas públicas que priman el fomento de mecanismos de cuasi-mercado y la libertad de elección de familias y estudiantes, o los altos desempeños en algunas materias de unos pocos, o la disminución de la inequidad escolar…
Segregación e inclusión son términos enfrentados que nos hablan de la misma realidad, algo así como las dos caras de la misma moneda. Son conceptos antónimos que referidos a lo educativo simplemente varían en el nivel en el que habitualmente se aplican: segregación escolar hace referencia a segregación del sistema educativo en su conjunto o a sus subsistemas, aunque no solo; inclusión educativa la usamos para entender y transformar los procesos que ocurren al interior de las escuelas, pero no exclusivamente. En todo caso son términos contrarios de tal forma que la aparición del uno implica la inexistencia del otro.
Tal y como abordamos en un editorial anterior (Duk y Murillo, 2011, p. 12), “es difícil, si no imposible, la pervivencia de escuelas inclusivas en un contexto educativo que fomente y apoye prácticas de discriminación y selección”. Si queremos una educación inclusiva, ésta debe estar conformada por aulas inclusivas, en escuelas inclusivas, en sistemas educativos inclusivos, que garanticen el derecho que todos los niños y niñas tienen, independientemente de sus diferencias, de educarse juntos bajo condiciones de igualdad.
Tal y como abordamos en un editorial anterior (Duk y Murillo, 2011, p. 12), “es difícil, si no imposible, la pervivencia de escuelas inclusivas en un contexto educativo que fomente y apoye prácticas de discriminación y selección”. Si queremos una educación inclusiva, ésta debe estar conformada por aulas inclusivas, en escuelas inclusivas, en sistemas educativos inclusivos, que garanticen el derecho que todos los niños y niñas tienen, independientemente de sus diferencias, de educarse juntos bajo condiciones de igualdad.
La existencia de segregación escolar bien por ser de carácter étnico-racial, por nivel socioeconómico, por capacidad o por origen… incluso en bajos niveles, es consustancialmente contraria a la existencia de una educación inclusiva. Si queremos construir sociedades más justas e inclusivas, es imprescindible abordar con seriedad y decisión la segregación escolar.
Referencias
Duk, C. y Murillo, F. J. (2011). Aulas, escuelas y sistemas educativos inclusivos: la necesidad de la mirada sistémica. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 5(2), 11-12.
Murillo, F. J. (2016). Midiendo la segregación escolar en América Latina. Un análisis metodológico utilizando el TERCE. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 14(4), 33-60. https://doi.org/10.15366/reice2016.14.4.002
Rawls, J. A, (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Referencia Original
Murillo, C. y Duck, (2016). Segregación escolar e inclusión. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 10(2), 11-13.
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